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| Emboscada en Tres Marías: un asunto más que turbio (Foto: rumbonuevo.mx) |
Redaccion27 agosto, 2012
Los dos asesores norteamericanos heridos en Tres Marías el pasado 24 de agosto podrían ser la primera prueba del proyecto Esparta o la participación de mercenarios norteamericanos en tareas de apoyo policial y militar. Un texto de Oriol Malló.
Lo reveló el lunes 27 de agosto la corresponsal de Noticias MVS en Washington, Dolia Estévez, tras sondear entre varios contactos. Los dos asesores de la embajada de Estados Unidos que fueron emboscados por fuerzas de la PFP en el poblado de Tres Marías, Morelos, el viernes 24 de agosto no serían ni agentes de la DEA ni miembros de otras agencias de seguridad sino asesores contratados por el gobierno mexicano para apoyar a nuestras fuerzas de seguridad. Quedarían así confirmadas, esperando nuevos datos, las informaciones que circulan en ambos lados de la frontera sobre el llamado Proyecto Esparta para la contratación masiva de mercenarios norteamericanos en labores de protección, asesoramiento e infliltración tanto para el estado mexicano como en giros privados asociados al combate contra el narcotráfico.
Una tendencia que ya detectamos en Pulso Ciudadano pues en noviembre del 2011 publicamos un texto sobre el Counter Narco-Terrorism Program Office que el periodista Hiroshi Takahasahi escribió para 24 horas con varias de las ofertas de trabajo en territorio mexicano:
También solicitan desarrollar y entregar un programa de enseñanza, personal, equipo y materiales, para entrenar pilotos y tripulación en el uso de lentes de visión nocturna.
Proveer de un sistema de encriptamiento de comunicaciones para los radios usados por sus agentes antinarcóticos.
Proveer, entregar, ensamblar/instalar y entrenar a los usuarios de un sistema de comunicación de microondas (voz, datos y video) para el intercambio de información entre Estados Unidos y México, de las actividades ilegales de los narcotraficantes.
Ofrecen también un contrato para revisar cinco aviones C-26 Fairchild Metroliner, cuatro del gobierno de México y uno de Estados Unidos. Estas naves son utilizadas para labores de reconocimiento, o espionaje, pues cuentan con un sensor y tecnología para grabar datos desde el cielo.
Pero el programa CNTPO podría no ser el único de los instrumentos legales que han permitido la penetración de contratistas y ex militares en la madeja mexicana. Dos investigaciones periodísticas dieron, en otoño del 2011, pistas claras sobre las conexiones de Washington con los cárteles mexicanos de la droga. La alcantarilla empezó a destaparse el 19 de septiembre cuando la reconocida periodista Diana Washington reveló a El Paso Times la historia de dos informantes del FBI que sabían un montón de cosas.
La periodista contaba que Greg Gonzales, ex sheriff de Doña Ana County, y Wesley Dutton, ganadero e inspector de sanidad animal, trabajaron para el FBI como informantes en investigaciones sobre corrupción policial generando importantes denuncias sobre los vínculos de los cárteles de droga con altos oficiales de policía, jueces y funcionarios electos en el sur de Texas. Fue la primera prueba que la colusión entre funcionarios públicos y narcotraficantes sucedía también en el lado norte de la frontera.
Pero había más. El viernes 23 de septiembre la revista digital Reporte Indigo empezó una serie de reportajes sobre los vínculos de la DEA con el narcotráfico. Fue la primera vez que se ofrecía una congruente visión de cómo se hacen las cosas en el corazón de EEUU. Dan a capos mexicanos permiso para traficar, decía el contundente titular. Un extenso informe de Anabel Hernández narraba la joint venture entre Washington y los cartel de Sinaloa.
Vicente Zambada Niebla, narcojunior protegido por la DEA
Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, intocable capo del cártel de Sinaloa, fue detenido en Ciudad de México en 2009 y luego procesado en Estados Unidos. Expuesto a largas condenas, el junior decidió contar a jueces y periodistas una curiosa historia que Reporte Indigo apoyaba con documentos verídicos. Zambada decide hacer público un acuerdo entre el gobierno de EU y el cártel de Sinaloa que le daría inmunidad de facto. La premisa era sencilla: ellos aportarían información sobre los rivales, a cambio de que el gobierno estadounidense desestimara cualquier cargo en contra de Humberto Loya, abogado mexicano que ejercía de enlace del cártel en Estados Unidos.
Impunidad, pues, para mantener las actividades de los narcotraficantes de Sinaloa y no perseguirlos judicialmente. Loya, contacto fiel, le dijo al procesado que agentes federales se reunieron con Joaquín El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada para negociar el acuerdo al más alto nivel. Desde 2004 Loya pudo asistir a reuniones y discusiones de la DEA sobre el cártel de Sinaloa. Esta largo reportaje abrió nuevas pistas sobre el laberinto de conexiones entre los estrategas de la seguridad nacional y los cárteles nacionales pero esto, junto al escándalo de la operación de tráfico controlado de armas a México, conocido como Fast and Furious, dejaba en claro que el mercado mexicano de la violencia ofrece grandes oportunidades tanto al gobierno de EU como a la red de contratistas y mercenarios que, como rémoras al tiburón, aprovechan las intervenciones del amigo americano en naciones extranjeras.
Así es como el proyecto Esparta, mencionado por Doli Estévez, cobra sentido. Y su génesis te la contamos en este artículo que añade nuevos elementos al viejo relato de la injerencia de Estados Unidos en México.
Los dos asesores norteamericanos heridos en Tres Marías el pasado 24 de agosto podrían ser la primera prueba del proyecto Esparta o la participación de mercenarios norteamericanos en tareas de apoyo policial y militar. Un texto de Oriol Malló.
Lo reveló el lunes 27 de agosto la corresponsal de Noticias MVS en Washington, Dolia Estévez, tras sondear entre varios contactos. Los dos asesores de la embajada de Estados Unidos que fueron emboscados por fuerzas de la PFP en el poblado de Tres Marías, Morelos, el viernes 24 de agosto no serían ni agentes de la DEA ni miembros de otras agencias de seguridad sino asesores contratados por el gobierno mexicano para apoyar a nuestras fuerzas de seguridad. Quedarían así confirmadas, esperando nuevos datos, las informaciones que circulan en ambos lados de la frontera sobre el llamado Proyecto Esparta para la contratación masiva de mercenarios norteamericanos en labores de protección, asesoramiento e infliltración tanto para el estado mexicano como en giros privados asociados al combate contra el narcotráfico.
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| Counter Narco-Terrorism Program Office: ¿mandando mercenarios a México? |
Una tendencia que ya detectamos en Pulso Ciudadano pues en noviembre del 2011 publicamos un texto sobre el Counter Narco-Terrorism Program Office que el periodista Hiroshi Takahasahi escribió para 24 horas con varias de las ofertas de trabajo en territorio mexicano:
También solicitan desarrollar y entregar un programa de enseñanza, personal, equipo y materiales, para entrenar pilotos y tripulación en el uso de lentes de visión nocturna.
Proveer de un sistema de encriptamiento de comunicaciones para los radios usados por sus agentes antinarcóticos.
Proveer, entregar, ensamblar/instalar y entrenar a los usuarios de un sistema de comunicación de microondas (voz, datos y video) para el intercambio de información entre Estados Unidos y México, de las actividades ilegales de los narcotraficantes.
Ofrecen también un contrato para revisar cinco aviones C-26 Fairchild Metroliner, cuatro del gobierno de México y uno de Estados Unidos. Estas naves son utilizadas para labores de reconocimiento, o espionaje, pues cuentan con un sensor y tecnología para grabar datos desde el cielo.
Pero el programa CNTPO podría no ser el único de los instrumentos legales que han permitido la penetración de contratistas y ex militares en la madeja mexicana. Dos investigaciones periodísticas dieron, en otoño del 2011, pistas claras sobre las conexiones de Washington con los cárteles mexicanos de la droga. La alcantarilla empezó a destaparse el 19 de septiembre cuando la reconocida periodista Diana Washington reveló a El Paso Times la historia de dos informantes del FBI que sabían un montón de cosas.
La periodista contaba que Greg Gonzales, ex sheriff de Doña Ana County, y Wesley Dutton, ganadero e inspector de sanidad animal, trabajaron para el FBI como informantes en investigaciones sobre corrupción policial generando importantes denuncias sobre los vínculos de los cárteles de droga con altos oficiales de policía, jueces y funcionarios electos en el sur de Texas. Fue la primera prueba que la colusión entre funcionarios públicos y narcotraficantes sucedía también en el lado norte de la frontera.
Pero había más. El viernes 23 de septiembre la revista digital Reporte Indigo empezó una serie de reportajes sobre los vínculos de la DEA con el narcotráfico. Fue la primera vez que se ofrecía una congruente visión de cómo se hacen las cosas en el corazón de EEUU. Dan a capos mexicanos permiso para traficar, decía el contundente titular. Un extenso informe de Anabel Hernández narraba la joint venture entre Washington y los cartel de Sinaloa.
Vicente Zambada Niebla, narcojunior protegido por la DEA
Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, intocable capo del cártel de Sinaloa, fue detenido en Ciudad de México en 2009 y luego procesado en Estados Unidos. Expuesto a largas condenas, el junior decidió contar a jueces y periodistas una curiosa historia que Reporte Indigo apoyaba con documentos verídicos. Zambada decide hacer público un acuerdo entre el gobierno de EU y el cártel de Sinaloa que le daría inmunidad de facto. La premisa era sencilla: ellos aportarían información sobre los rivales, a cambio de que el gobierno estadounidense desestimara cualquier cargo en contra de Humberto Loya, abogado mexicano que ejercía de enlace del cártel en Estados Unidos.
Impunidad, pues, para mantener las actividades de los narcotraficantes de Sinaloa y no perseguirlos judicialmente. Loya, contacto fiel, le dijo al procesado que agentes federales se reunieron con Joaquín El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada para negociar el acuerdo al más alto nivel. Desde 2004 Loya pudo asistir a reuniones y discusiones de la DEA sobre el cártel de Sinaloa. Esta largo reportaje abrió nuevas pistas sobre el laberinto de conexiones entre los estrategas de la seguridad nacional y los cárteles nacionales pero esto, junto al escándalo de la operación de tráfico controlado de armas a México, conocido como Fast and Furious, dejaba en claro que el mercado mexicano de la violencia ofrece grandes oportunidades tanto al gobierno de EU como a la red de contratistas y mercenarios que, como rémoras al tiburón, aprovechan las intervenciones del amigo americano en naciones extranjeras.
Así es como el proyecto Esparta, mencionado por Doli Estévez, cobra sentido. Y su génesis te la contamos en este artículo que añade nuevos elementos al viejo relato de la injerencia de Estados Unidos en México.
Más información sobre el proyecto Esparta: http://pulsociudadano.com/2012/08/que-es-el-proyecto-esparta-contratistas-militares-de-eu-operarian-en-mexico-desde-2008/
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