22. agosto, 2012 Autor: Elva Mendoza Cultura, Semana
Sobre el rancho El Molino se construye uno de los compromisos “cumplidos” de Enrique Peña Nieto. El predio, ubicado en Chimalhuacán, alberga una construcción catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumento histórico y área natural. Los trabajos iniciados este año por el gobierno municipal revelaron que bajo la tierra yacen estructuras y objetos prehispánicos. No obstante las denuncias de los vecinos, la obra avanza con la anuencia de los funcionarios del INAH.
Enlace directo: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/08/22/funcionarios-del-inah-el-edomex-sepultan-monumento-historico/
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En los lotes baldíos de Chimalhuacán los niños sacan de entre la
tierra suelta, el cascajo y la basura, trozos de vasijas, platos
decorados, fósiles, cerámica, sellos, figurillas, colgantes, orejeras y
cuentas talladas en piedra. Ávidos, las muestran en cajas de cartón a
quienes se lo solicitan, desde vecinos, hasta arqueólogos, estudiosos,
reporteros o compradores furtivos.
Matías y Tino encontraron los primeros objetos. Cursan los
últimos años de la escuela básica. Pasan las horas reventando pájaros
muertos con cohetes y escarbando la tierra que llevaron los trabajadores
de El Molino. Los presuntos restos de un jaguar forman parte de su
colección que se acrecienta día con día.
Los menores no son los únicos con colecciones propias. La noticia
se extendió rápidamente entre los residentes de los ocho barrios de
Chimalhuacán, que aunque con miedo de ser acusados de saqueo, buscan las
piezas en los llanos para “rescatar su historia que se va a la basura”,
dicen.
Los hechos han sido negados por las autoridades locales: el
ayuntamiento de Chimalhuacán; y por el órgano encargado de resguardar el
patrimonio nacional: el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH).
“[…] De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, tampoco existen en el Rancho El Molino vestigios
arqueológicos. Si éstos existieran, los habría sobre todo en las casas y
predios vecinos a Los Pochotes”, se lee en una publicación que exalta
los compromisos “cumplidos” del exgobernador Enrique Peña Nieto.
El megaproyecto
Desde febrero, el gobierno municipal inició la construcción de un
megaproyecto en el rancho El Molino. Con 28 mil 90 metros cuadrados, el
rancho alberga una construcción reconocida como histórica por el
gobierno del Estado de México y por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia; y un área natural de fresnos y ahuehuetes de
por lo menos 700 años de antigüedad.
El predio, se ubica a escasos 80 metros de Los Pochotes, la zona
arqueológica local llamada así en alusión a los arbustos que sólo crecen
en el lugar. El área de 9 mil 500 metros cuadrados resguardada desde
1964 por el INAH se recorre en cinco minutos. De la extensa metrópoli de
Chimalhuacán –fundada hacia el año 1200 después de Cristo y que formó
parte de la confederación de las ciudades estado acolhuas– únicamente se
conserva el Tecpan, residencia del tlatoani, su familia y
espacio para actividades administrativas y de decisión política. El
resto, fue consumido por la urbanización desmedida en las últimas tres
décadas.
El rancho El Molino significaba uno de los últimos relictos que
sobrevivió a la mancha urbana y al olvido, la memoria oral aún cuenta
leyendas y mitos del lugar. Además, su proximidad a Los Pochotes le
otorgaba un valor adicional: posiblemente formaría parte del área
arqueológica no descubierta ni investigada.
Para el historiador Felipe Echenique March, por la cercanía de la
obra con la zona arqueológica, la presunción de la existencia de
vestigios arqueológicos era innegable: “se tiene a menos de 1 mil metros
la zona. Tuvo que haberse hecho un trabajo más profesional”.
En entrevista con Contralínea, explica que los funcionarios
tuvieron que haber mandado a hacer trabajos arqueológicos, trabajos de
reconocimiento, hacer sondeos, sin embargo “cuando el Instituto
[Nacional de Antropología e Historia] interviene, ya lo hace tarde y por
denuncias de la propia ciudadanía, con lo cual deja ver que los
funcionarios encargados de la dependencia no hicieron su trabajo y que
hay negligencia”.
Expropiación injustificable
El 25 de octubre de 2010, el gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta oficial el decreto de expropiación de El Molino, ubicado en la cabecera municipal de Chimalhuacán.
El documento, firmado por Enrique Peña Nieto, señala como causa de
utilidad pública “la ampliación, alineación y mejoramiento de la calle
El Molino, así como la construcción de un parque urbano, museo local,
biblioteca y auditorio municipal, con el objeto de embellecer, ampliar y
sanear ese municipio con instalaciones culturales y cívicas para la
convivencia social de los chimalhuaquenses”.
La supuesta causa de utilidad pública también se menciona en el
periódico informativo de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, con
edición especial de los “compromisos cumplidos” en Chimalhuacán: “el
rancho El Molino fue expropiado […] por causa de utilidad pública, es
decir, sólo para servicios que le beneficien al pueblo”.
Entre los beneficios –declaró el exedil, líder estatal del
antorchismo y ahora diputado federal electo por mayoría, Jesús Tolentino
Román Bojórquez, al colocar la primera piedra de la obra que tendrá un
costo de 200 millones de pesos– está la construcción del primer teatro
que se hace en Chimalhuacán. El recinto, dijo, estará a la altura del
Auditorio Nacional o el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de
Texcoco.
Sobre el monumento histórico, según un volante que las autoridades
municipales repartieron en la comunidad, se habrá de construir el Teatro
Municipal con capacidad para 1 mil 700 espectadores, un parque infantil
y la plaza Estado de México que consta de una fuente saltarina,
quiosco, paseo escultórico y un reloj floral.
Monumento histórico sin valor
Tal como consta en el “Plan municipal de desarrollo urbano de Chimalhuacán”, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México
el 28 de octubre de 2003, Chimalhuacán cuenta con un Decreto de
Gobierno Estatal, de 1980, que la declara “zona cultural artística o de
especial estilo arquitectónico general inmodificable. Así como
Patrimonio Cultural, Artístico y Arquitectónico del Estado [como] todas
las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y
XVIII o las que contengan características propias de esa época misma que
serán inmodificables […] en donde queda estrictamente prohibido […]
llevar a cabo demoliciones parciales o totales de construcciones, sin
permiso especial previo […] y sólo podrán autorizarse si se respetan las
fachadas típicas o bien se llevan a cabo reconstrucciones y obras de
conservación, mejoramiento o ampliación”.
Con base en estos argumentos, el Plan define al primer cuadro del
municipio como Centro Histórico. La zona de Valor Histórico y Cultural
comprende a El Molino.
El órgano informativo del Estado de México también incluye al
Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles mexiquense del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, así como al Registro Público de Monumentos y
Zonas Arqueológicas del mismo Instituto.
Este municipio, refiere el impreso, cuenta con “siete monumentos
inmuebles catalogados, de los cuales dos se localizan en la cabecera […]
cuatro inmuebles con uso religioso, uno habitacional, una exhacienda y
uno sin uso actual”. Y prosigue: “la exhacienda El Molino, única en el
municipio, fue construida durante el siglo XVIII. Actualmente se usa
como casa habitación”.
Pese a ello, el 13 de abril de 2010, Rosa María Morales Pérez,
secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán, mediante certificación,
hizo constar que El Molino “no está destinado a la prestación de un
servicio público y que carece de valor histórico, artístico y/o
cultural”. El dictamen –del que Contralínea posee copia– fue incluido en el decreto de expropiación como uno de los principales pilares que lo avalan.
Al respecto, Echenique March, también secretario General del
Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los funcionarios del
Instituto estaban obligados a intervenir desde que supieron del decreto
expropiatorio, toda vez que el sitio alberga un monumento histórico:
“El INAH estatal tuvo que haber interpuesto un recurso en el
gobierno [del Estado de México] para hacer valer la Ley Federal,
suponiendo que lo que le debería de interesar era la preservación del
monumento histórico reconocido. A partir de ahí se debió de haber puesto
como tercer interesado y con ello debió de conocer el proyecto.”
Las denuncias
De
acuerdo con información de los residentes, los camiones con tierra de
El Molino, producto de las excavaciones, llegaron aproximadamente a ocho
predios de Chimalhuacán. Ahí, es donde han encontrado los vestigios que
celosamente conservan.
La comunidad dio aviso de los hallazgos al INAH Estado de México
desde el 15 de marzo pasado. En respuesta a la denuncia, el Instituto
envió el oficio 401.B(10)47.2012/ 0321, fechado el mismo día en el que
el entonces titular, Luis Alberto González Batani, solicitó a Rosalba
Pineda, presidenta municipal, “suspender cualquier tipo de trabajo” en
el predio, hasta que al lugar arribara personal adscrito al Instituto,
con la intensión de proteger y evitar afectaciones al patrimonio
cultural.
Para hacer la inspección arqueológica, González Batani comisionó a
Raúl García Chávez y a las arqueólogas Martha Patricia Hernández y
Beatriz Zúñiga Bárcenas.
Gobierno municipal omiso
De acuerdo con versiones de los pobladores, el martes 27 de marzo
la autoridad municipal, “como un acto de intimidación e intolerancia”,
organizó una marcha para comunicar que de acuerdo con el INAH no hay
vestigios arqueológicos en el predio. No obstante, dos días después, el
Instituto reiteró a la edil la orden de suspender la obra. Rosalba
Pineda desestimó el mandato, pues el 13 de abril personal del INAH tuvo
que colocar sellos para impedir que los trabajos de construcción
continuaran sin la intervención antropológica correspondiente.
Los sellos fueron retirados inmediatamente por policías municipales
bajo el argumento de que eran órdenes de la presidenta municipal. Los
hechos, como se lee en el expediente SO-000043/2012 del Órgano Interno
de Control del INAH, generaron que la Unidad Jurídica presentara, el 18
de abril, ante la Procuraduría General de la República una denuncia
penal por quebrantamiento de sellos y desacato a un mandato de autoridad
competente y en ejercicio de sus funciones en contra de quien o quienes
resulten responsables.
El 12 de junio, los vecinos hicieron una nueva denuncia ante el
Instituto. En el documento ZARM/02/06/12, firmado por el Frente
Ciudadano en Defensa del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán, la
agrupación solicitaba copia de los documentos y estudios que acreditaran
que el predio carecía de valor y que no existían vestigios en el sitio;
que la Policía Federal reguardara la zona; que el INAH federal –y ya no
el local– realizara el salvamento arqueológico, y que se le permitiera a
la ciudadanía presenciar los trabajos en El Molino.
Opacidad
Sobre la falta de transparencia, Echenique March asegura que al no
haber un trabajo institucional serio, responsable, conforme a la ley, se
permite la especulación: “el no permitir que la gente entre y vea el
trabajo que hacen los arqueólogos abona a la opacidad y levanta
sospechas. Si hay gente que está interesada, que quiere conocer, que se
le dé una visita. Finalmente son bienes nacionales, de todos los
mexicanos. El trabajo arqueológico es público, es de interés público”.
La comunidad relata incluso versiones en las que los trabajadores
atestiguaban hallazgos de piezas de grandes dimensiones que, dicen,
fueron encostaladas y sacadas del sitio por helicópteros. Aunque no
guardan registro de ello, lograron obtener fotografías de estructuras
piramidales que quedaron en el centro de la obra y que ya no es posible
apreciar.
Las fotografías, dice Echenique, demuestran la presunción de que
había un material arqueológico importante que debió de trabajarse
científicamente y que por desgracia no se hizo.
En un comunicado –que retoma el diario Reforma en su edición
del 19 de julio de 2012– la presidenta municipal, Rosalba Pineda,
expuso: “la valoración que el INAH realizó demostró que no existe alguna
zona arqueológica importante en el rancho El Molino, por lo que el
Instituto liberó el predio para la continuación de la obra”.
Ante ello, Echenique asegura que al decir que no había zona
arqueológica importante se confirmaba la existencia de una zona con
valor arqueológico: “que no les pareció importante es otra cosa, pero la
arqueología en México no trabaja a partir de calificar qué es
importante y qué no. Los vestigios arqueológicos son monumentos
nacionales que deben ser conservados, estudiados por el Instituto. Es el
mandato de ley que tiene”.
La denuncia de la comunidad finalmente obtuvo respuesta el 3 de
julio: Constantino Acosta Dávila, delegado del centro INAH Estado de
México escribió a los peticionarios en el oficio 401. B(4)47.2012/793:
“actualmente el INAH está realizando en el predio denominado El Molino
las investigaciones arqueológicas correspondientes y una vez que se
concluyan, se determinará lo procedente”.
Del resultado de las investigaciones, los vecinos no tienen
conocimiento, tampoco los investigadores y académicos del INAH. Cuando
Felipe Echenique le solicitó al Consejo de Arqueología del INAH el
informe de Raúl García Chávez le fue negado. Los funcionarios, dice,
apelaron a la normatividad interna para evitar que alguien se robe la
información y la quiera publicar.
El arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez explica que en esa lógica la
información será abierta hasta 2014. Sin embargo, dice, no se pretende
plagiar la información, pues se trata de aclarar un problema jurídico:
“aclarar si hay o no vestigios o si procede o no la autorización de la
construcción de la obra. El Consejo se negó a entregarnos cualquier
documento para tener elementos y poder evaluar la situación del lugar”.
La obra continúa
Pese a las constantes denuncias de los vecinos, investigadores,
académicos del Instituto y la evidencia, el INAH no ordenó al
ayuntamiento a detener la obra, aunque está obligado por ley si es que
hay presunción de la existencia de vestigios.
El Instituto, refiere Echenique, “tendría que haber dicho que hay
destrucción de vestigios arqueológicos, haber mandado a los arqueólogos
adonde se llevaban la tierra, donde se encontraban la pedacería y ante
esa evidencia, parar la obra por destrucción”.
Al no detenerse, señala, la responsabilidad es para los
funcionarios del INAH y del ayuntamiento a quienes se les podría
demandar. El Ministerio Público de Chimalhuacán tendría que tomar el
caso de oficio por tratarse de la destrucción de bienes nacionales.
INAH sin interés por rescatar
Ante
la ausencia del Instituto, los chimalhuacanos han convocado a expertos
para la catalogación de sus piezas. A invitación de la comunidad, una
etnohistoriadora inició el registro de lo hallado por los vecinos con
fotografías y una breve explicación de cada objeto. Aunque renuentes,
con el paso de los días, se suman más vecinos a la iniciativa. Los
habitantes aseguran a Contralínea que no buscan vender las
piezas; por el contrario, están dispuestos a entregarle al INAH todo lo
que han hallado. Sin embargo, hasta el cierre de edición ninguna
autoridad se había acercado para hacer el rescate.
Frente a la pregunta de por qué el Instituto no ha hecho la
recolección en los lotes baldíos, el arqueólogo Jesús Sánchez, en
entrevista con Contralínea, responde que el problema de las
piezas arqueológicas es que son importantes en tanto están insertas en
contextos arqueológicos:
“Las piezas fuera de su contexto pierden la posibilidad de
interpretar los sucesos históricos en los que participaron. Se pierde
totalmente la información. Queda el objeto histórico, pero lo único que
se puede hacer con estas piezas es analizarlas, ver su estudio
iconográfico y ponerla en un museo. Pero no hay manera de saber qué
papel jugaba el objeto en la historia de la localidad.”
—Sin embargo, las piezas continúan siendo propiedad federal.
—Y bienes nacionales. El INAH tendría que ir a recoger esos
vestigios para saber de qué se trata; al no hacerlo incurre en delito
porque está dejando monumentos arqueológicos expuestos y eso incentiva
una política de saqueo, de robo y demás. La policía se puede llevar a la
cárcel a quien tenga en su propiedad muebles arqueológicos o
históricos. Es un delito federal. Ahí hay un incumplimiento y una
negligencia de las autoridades por atender ese asunto.
Daño ambiental
Con motivo de los preparativos para la expropiación de El Molino,
Daniel Gómez Pedraza, titular de la Dirección General Jurídica y
Consultiva del ayuntamiento, pidió a la Dirección General de
Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que
evaluara el impacto ambiental que tendría la expropiación de dicho
predio.
En respuesta, Carlos Sánchez Gasca, el titular de dicha Dirección,
emitió el oficio 212130000/DGOIA/OF1321/10, el 22 de junio de 2010, en
el que señala que la expropiación de El Molino a favor del gobierno
municipal no genera mayores impactos ambientales, ya que el predio se
encuentra inmerso en una zona urbana totalmente consolidada, por lo que
se infiere que se han llevado a cabo con anticipación los impactos
ambientales negativos inherentes a un cambio de uso de suelo de natural a
urbano.
Sin embargo, concluye el documento oficial, el trámite de
expropiación no exime a la autoridad municipal a obtener el Dictamen de
Impacto Ambiental, por lo que deberá presentar como mínimo un informe
previo al respecto.
Aunque los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones a la
Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Información
Pública del Estado de México, copia de los estudios de impacto ambiental
y los criterios que dieron lugar a argumentar que la expropiación “no
genera mayores impactos ambientales”, la dependencia responde, tajante:
“no se localizó en los archivos de la la Dirección algún documento que
contenga información en los términos referidos”.
No obstante la ausencia de documentos, el argumento es base dentro del decreto de expropiación.
A favor de la preservación
La comunidad en defensa del patrimonio, muchos de ellos nativos de Chimalhuacán, dicen a Contralínea
que no están en contra del Proyecto que se plantea en el rancho El
Molino, pero sí de la destrucción de los valores que se ven
representados en este lugar como parte de su pasado prehispánico y
colonial, como un lugar de enorme valor ecológico por sus árboles
centenarios, lugar de manantiales y ojos de agua, que en este momento es
un vaso regulador para la recarga de los mantos acuíferos y porque para
la población originaria y nativa de la localidad, El Molino es cuna de
sus más entrañables leyendas, las cuales han persistido en su memoria y
forman parte del patrimonio intangible que las autoridades del INAH y
del ayuntamiento tienen la capacidad y obligación de defender.
Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó
entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el
Centro INAH Estado de México. Yoselín Díaz, del INAH estatal, dijo vía
telefónica que en las oficinas centrales del Instituto se llevó a cabo
una reunión el martes 23 de julio para evaluar la solicitud de
entrevista de este semanario. Esta información fue confirmada por Cecil
Silva, asistente de atención a medios del INAH; pero no se comunicó el
resultado de dicha reunión.
Contralínea acudió al sitio para hablar con los arqueólogos a
cargo. Los policías municipales que resguardaban la zona aseguraron que
no se encontraban en el lugar porque “casi no vienen para acá”. También
se solicitó la versión de la presidencia municipal de Chimalhuacán.
Mirella Jiménez, de atención a medios, se mostró preocupada porque “en
los medios ya los habían golpeado y debían tener cuidado de que no les ocurriera nuevamente”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
A decir de Felipe Echenique, Luis Alberto González Batani fue
cesado de su cargo de director del Centro INAH Estado de México. Desde
marzo, funge como visitador general en la Coordinación Nacional de
Centros INAH. Y aunque en reunión los funcionarios le aseguraron que fue
despedido, para Echenique March “lo que están haciendo es cubrirlo para
que no tenga ninguna responsabilidad. Evidentemente debe tenerla. No
hizo su trabajo”, concluye el también investigador.
Documentos:
Contenido publicado originalmente en: http://contralinea.info/archivo-revista/?p=23517Se permite su uso citando la fuente e incluyendo enlaces:
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